Restituir derechos territoriales en la denominada ruta colectiva y el marco de la justicia transicional, representa un gran reto para la Unidad de Restitución de Tierras. En ese sentido, para la URT el 2023 es un año para reimpulsar la gestión de la entidad en La Guajira, dando efectivo cumplimiento a la legislación específica que posibilita la atención a favor de las comunidades indígenas y afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, bien sea por despojo o abandono forzado de sus territorios ancestrales.
El plan de acción 2023 contempla la presentación de seis demandas de restitución en La Guajira y es por ello que la Dirección de Asuntos Étnicos, DAE de la URT, desarrolla un intenso trabajo en este departamento que ha priorizado, debido a la cantidad de solicitudes y procesos que cursan en la entidad.
De lo anterior se tiene que, en territorio guajiro, actualmente la URT gestiona atención para cinco consejos comunitarios afros e igual cantidad de resguardos o comunidades indígenas, los cuales se suman al cumplimiento de las órdenes judiciales post fallo vinculado a la sentencia en favor de la comunidad indígena Kogui, asentada en Tugeka, jurisdicción del municipio Dibulla, en las estribaciones Sierra Nevada de Santa Marta.
La atención a estas comunidades que han resistido la afectación de sus derechos territoriales obliga a que la URT despliegue sus equipos étnicos por la Alta, Baja y Media Guajira, estableciendo presencia en Uribia, Maicao, Riohacha, Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas y Fonseca, ocho municipios del departamento que poseen el territorio actualmente reclamado por las comunidades étnicas y consejos comunitarios afros, con base a los decretos Ley 4633 y 4635 de 2011.
Ruta para restituir derechos territoriales en La Guajira
En el primer semestre del año 2023, la DAE realizó cuatro socializaciones de los decretos específicos descritos y orientó a las comunidades sobre la ruta colectiva de restitución. Este es el primer paso establecido para atender a los consejos comunitarios afrodescendientes: Antonia Solano y La Guayabita, asentados en los municipios Dibulla y Riohacha, respectivamente. Asimismo, atendió a las comunidades del resguardo Cerrodeo y a la comunidad Iwasai, Portete, Waritpanture y Parrusamana, ambas comunidades étnicas wayuu con territorio ancestral en Barrancas y Uribia.
De igual manera, en el primer semestre del año, la DAE, de la Unidad de Restitución de Tierras, realizó cuatro estudios preliminares que, según el contenido de la información recaudada, con base en la situación de las comunidades, se constituye en el paso legal indispensable para iniciar el proceso de restitución de derechos territoriales y el que permite el trabajo articulado entre la entidad y las comunidades organizadas en resguardos indígenas o concejos comunitarios.
Los estudios preliminares adoptados para posterior caracterización se realizaron en los resguardos 4 de Noviembre, Cerrodeo y en Iwasai, Portete, comunidades wayuu que pertenecen a los municipios Albania, Barrancas y Uribia. Asimismo, el consejo comunitario afro Antonia Solano, ubicado en Dibulla, también fue objeto de elaboración de un estudio preliminar, documento que será sometido a una exhaustiva revisión por parte de la directora Territorial de la URT en el Cesar y La Guajira, Astrid Navarro, quien tomará la decisión de avanzar o no en el proceso de restitución.
“La Guajira ha sido priorizado en el marco del reimpulso a nuestra misión y del trabajo articulado entre la URT, las comunidades organizadas, otras instituciones del Estado colombiano y principalmente las víctimas que sufrieron los efectos de la violencia. Sin duda, es la principal apuesta del Gobierno del Cambio, centrada en la restitución de los derechos territoriales de indígenas y afrodescendientes que además de ser víctimas, fueron revictimizados por causa del olvido oficial, lo que nos obliga a transformar esta situación por mandato gubernamental y por voluntad política de servicio”, aseguró Navarro Rodríguez, directora territorial desde enero de 2023.
Otro elemento significativo en la gestión de restitución de derechos territoriales se concentra en la caracterización de afectaciones sufridas por las comunidades que reclaman. Esta etapa del proceso es una de las de mayor trascendencia, por cuanto se constituye en el dosier de argumentos y hechos evidentes que dan paso a la instauración de las demandas de restitución en la ruta étnica.
Esta fase del proceso, que le corresponde a la URT, se realiza luego de cumplir las etapas ya descritas y que son desarrolladas por un equipo multidisciplinario con el que cuenta la entidad, que está integrado por abogados, sociólogos, psicólogos, ambientalistas, topógrafos e ingenieros catastrales, quienes documentan un extenso expediente en el que detallan los tipos de hechos victimizantes sufridos por las comunidades y por el territorio, insumos que se convierten en alegatos en las demandas que presenta la entidad ante los jueces.
En ese sentido, en el departamento de La Guajira se han caracterizado cuatro comunidades, discriminadas en dos consejos comunitarios afrodescendientes: Blas Rosado Urbay y José Manjarrez Ariza, ambos del municipio Fonseca, además del trabajo realizado en favor del resguardo indígena wayuu Cerrodeo, ubicado en territorio ancestral con jurisdicción en el municipio de Barrancas.
De igual manera, en este agosto, el equipo étnico de la URT Cesar, La Guajira, tiene previsto realizar el proceso de caracterización de afectaciones territoriales de las comunidades indígenas wayuu asentadas en los resguardos 4 de Noviembre (Albania), Campamento (Maicao) y Rodeíto, El Pozo, ubicado en jurisdicción del municipio Hatonuevo.
La gestión por la restitución de derechos territoriales en La Guajira no se detiene por parte de la URT, para ello, los equipos de trabajo étnicos de esta entidad se despliegan a lo largo del departamento, en su misión de devolver no solo la tierra, sino la dignidad, la libre manifestación y el disfrute de su cultura ancestral como pueblo originario del Caribe colombiano.
