La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 399 de 2024, por medio del cual se establecen los mecanismos jurídicos, financieros y administrativos para la recuperación, reorganización y capitalización de las Salinas Marítimas de Manaure – SAMA LTDA, sociedad de economía mixta del orden territorial. El Representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto, participó como ponente de esta iniciativa, aportando su voz y liderazgo en defensa de una causa histórica para el pueblo wayuu.
Esta iniciativa representa una respuesta estructural a la crisis económica y social que atraviesa Manaure, y busca beneficiar directamente a más de 3.000 familias del pueblo wayuu, quienes han hecho de la extracción de sal una actividad ancestral, económica y cultural. El proyecto contempla una inversión de 61 mil millones de pesos por parte de la Nación para capitalizar la empresa, así como la entrega de maquinaria y vehículos por parte de entidades del orden nacional, que permitirán modernizar su operación sin que estos activos sean contabilizados dentro del capital.
El proceso de reorganización se adelantará bajo los lineamientos de la Ley 1116 de 2006, permitiendo la implementación de mecanismos como la capitalización de pasivos y pactos de deuda sostenible. La gerencia de SAMA será seleccionada mediante concurso de méritos con el voto favorable del Ministerio de Comercio, y su junta directiva deberá estar compuesta por entre cinco y nueve miembros, con al menos una mujer y un miembro independiente. El Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda estarán a cargo de realizar un diagnóstico técnico, financiero y legal sobre el estado y la viabilidad de la sociedad, y deberán rendir informes anuales ante las comisiones económicas del Congreso.
Además, la ley incorpora una cláusula de protección para garantizar la estabilidad patrimonial de la Nación: no podrá ceder, vender ni transferir sus cuotas sociales hasta tanto no se recupere la inversión o transcurran veinte años. Finalmente, en un plazo de seis meses, el Gobierno deberá reglamentar junto con los gremios las condiciones laborales de los transportistas de sal vinculados a SAMA, como parte de una estrategia integral de sostenibilidad económica.
“El proyecto no solo reactiva una empresa estratégica para la región, sino que representa un acto de reparación económica y social. Desde la Cámara reafirmamos nuestro compromiso con La Guajira, sus comunidades indígenas y su derecho a un desarrollo productivo con identidad”, afirmó el Representante Gómez Soto al cierre del debate.
La iniciativa continuará ahora su curso legislativo en el Senado de la República, donde se espera consolidar el respaldo necesario para su aprobación definitiva y posterior sanción presidencial.
