La Guajira sigue donde la dejaron. El nuevo Índice Departamental de Competitividad (IDC 2025) confirma lo que muchos ya sentimos, que no avanzamos. Otra vez en el puesto 25 entre 33 departamentos y ¿el puntaje? Apenas 4,07 sobre 10. Así, mientras otros territorios suben, La Guajira se mantiene en el mismo lugar y no por falta de talento, ni por falta de recursos naturales. Nos estancamos porque la gestión departamental no ha estado a la altura del desafío y porque el país aún no entiende que sin desarrollo en las regiones no hay futuro para nadie.
Este no es un diagnóstico nuevo, es más bien una repetición dolorosa. En Colombia, el modelo de desarrollo sigue premiando a Bogotá y a unos pocos centros urbanos. La capital obtuvo un puntjae de 8,13, mientras La Guajira, junto con Guainía y Vaupés, apenas alcanza la mitad y no se trata solo de números, se trata de oportunidades que no llegan, de proyectos que no despegan, de jóvenes que se van.
Tampoco podemos culpar únicamente al centro del país, en La Guajira también hay responsabilidades. El mismo informe muestra que tuvimos nuestros mejores resultados en salud, instituciones y educación básica y media, pero incluso esos pilares siguen por debajo del promedio nacional, donde no hay avances sustanciales y los mayores rezagos se encuentran en pilares estructurales donde la acción de la Gobernación es determinante. Ocupamos los últimos lugares en infraestructura, sistema financiero, innovación y entorno para los negocios. Estas áreas son precisamente aquellas donde la inversión pública, la articulación interinstitucional y la planificación territorial deberían estar generando resultados concretos. Con esto, la ausencia de políticas eficaces para mejorar el clima de inversión, fomentar el emprendimiento, ampliar la conectividad vial, desarrollo digital y fortalecer los ecosistemas productivos, evidencia una administración desconectada de las urgencias del desarrollo real.
Pero en medio de todo esto, hay una noticia distinta, algo que rompe el patrón de frustración y deja ver que sí se puede cambiar. Esta semana, el Congreso aprobó la ley que reactiva y capitaliza a las Salinas Marítimas de Manaure, una empresa condenada a la liquidación. Hoy, gracias a este esfuerzo colectivo, esperamos que SAMA pase de generar 83 empleos directos a 150 y de 180 empleos indirectos a 450, donde más de 3.000 familias guajiras podrían beneficiarse.
Esto no es una promesa, es una decisión tomada. Falta la sanción presidencial, sí, pero el mensaje es claro desde el congreso, aquí están bien representados. Esta ley también honra la voluntad del gran exministro Germán Umaña y del superintendente Billy Escobar, quienes entendieron que dejar morir a SAMA era cerrar una puerta más en una región que ya tiene demasiadas clausuradas.
Esta ley es fruto de una lucha persistente y un trabajo serio que no empezó en el Congreso, sino en el territorio por el Ministerio de Comercio. Como coordinador ponente, asumí la responsabilidad de defender esta iniciativa desde el primer momento. Convocamos y lideramos una audiencia pública por Manaure, donde escuchamos a los socios, trabajadores, representantes de los pueblos indígenas, transportistas y autoridades locales.
A partir de ese diálogo construimos una ponencia sólida que fue aprobada en primer debate. No nos detuvimos ahí, sostuvimos reuniones constantes con los transportadores de sal, quienes durante años han sido invisibles. Gracias a ese trabajo articulado, logramos incluir un artículo que los protege y obliga al Gobierno Nacional a reglamentar medidas específicas para garantizar que esta capitalización también los beneficie. Esto es una ley defendida por un corazón Manaurero.
Así, el IDC seguirá revelando nuestras carencias, pero la Ley SAMA demuestra que aún es posible construir soluciones. Que la transformación no es una utopía y esta vez, por fin, parece haber comenzado.
