En Riohacha estamos viviendo una realidad cada vez más difícil de ignorar: los arriendos y los precios de compra de inmuebles están por las nubes, sin que esto corresponda a la calidad o condiciones que realmente se ofrecen.
Quienes buscamos una vivienda, ya sea para arrendar o comprar, nos encontramos con cifras desproporcionadas. Los arriendos alcanzan valores que parecen de grandes localidades del país, con mucho mayor desarrollo y oferta de servicios, pero lo que recibimos son casas o apartamentos con deficiencias en infraestructura, servicios irregulares e incluso ubicaciones poco favorables. Estamos pagando demasiado por muy poco.
Por otra parte, el panorama en la compra de vivienda no es distinto. Los inmuebles en Riohacha están inflados en el precio, alejados del verdadero valor de mercado y del poder adquisitivo de la mayoría de los riohacheros. Comprar casa propia se ha vuelto un sueño casi imposible, porque el mercado está dominado por la especulación y no por la realidad social y económica de quienes vivimos aquí.
A esto se suma otro problema igual de grave: la falta de control y regulación de quienes manejan el negocio inmobiliario en la ciudad. Hoy, prácticamente cualquiera puede “ofrecer” servicios de arrendamiento, redactar contratos y manejar propiedades, sin estar legalmente constituido como empresa ni cumplir con las normas que deberían proteger tanto a propietarios como a arrendatarios.
Esta informalidad genera abusos, inseguridad jurídica y deja a muchos ciudadanos en situación de desventaja.
Mientras, estamos en un escenario donde ni la calidad de la vivienda, ni la legalidad de las transacciones, ni el bienestar de las familias están siendo realmente garantizados. Por eso es necesario que las autoridades locales, los entes reguladores y las inmobiliarias formales asuman un rol más fuerte: regular precios de acuerdo a la realidad, vigilar la legalidad de quienes operan en este sector y garantizar que la vivienda sea un derecho y no un lujo especulativo.
Si no actuamos pronto, Riohacha corre el riesgo de convertirse en una ciudad excluyente, donde la mayoría de nosotros no tengamos acceso a una vivienda digna. Queremos crecer como ciudad, pero con reglas claras, justicia en los precios y respeto por quienes día a día luchamos por tener un hogar.
Por tanto, quiero hacer un llamado a los ciudadanos: no podemos quedarnos callados ante estas prácticas. Debemos exigir regulación, denunciar a quienes actúan sin legalidad y no aceptar condiciones injustas. Solo unidos podremos lograr que Riohacha tenga un mercado de vivienda justo, transparente y acorde a la realidad de su gente.