Xenofobia, violencia y explotación sexual, violencia psicológica y discriminación son algunas de las violaciones a los derechos humanos a las que se ven sometidas las mujeres venezolanas durante el proceso migratorio, de acuerdo con un informe presentado por la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional (Redac Internacional).
La violencia hacia las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas se ha exacerbado durante 2021. Pese al esfuerzo de múltiples ONG de visibilizar esta situación, que se agrava por su condición de vulnerabilidad en un contexto de movilidad humana, los Estados receptores siguen sin garantizarles la debida protección y más bien la exponen aún más a tratos xenófobos por el recrudecimiento de políticas migratorias.
Entre enero y octubre de este año 74 venezolanas fueron asesinadas en el exterior, según reportó el Observatorio Digital de Feminicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que, en conjunto con otras organizaciones -entre ellas Venezolanas Globales y de la Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos- realizaron el informe «Las voces de ellas situación de las mujeres venezolanas en contexto de movilidad», en el que expresaron su preocupación por el aumento de feminicidios y de casos de explotación sexual, y violencia sexual y reproductiva de esta población migrantes.
Este estudio -para el que se entrevistaron a 46 mujeres y una chica trans que residen en Colombia, Ecuador, México, España, Perú, Argentina e Italia- determinó que las venezolanas tienden a normalizar las formas de violencia a las que son sometidas, entre ellas el sexo por supervivencia, y que tales experiencias de violencia por razones de género o xenofobia estuvieron directamente vinculadas a la multiplicidad de situaciones discriminatorias vividas.
«Reflejan (los testimonios) claramente las discriminaciones intersectadas en razón del género, el estatus migratorio, la clase social, la identidad de género y la orientación sexual (…) La dimensión de la violencia sexual se encuentra fuertemente presente en el proceso migratorio de las mujeres venezolanas, vinculado a la xenofobia y a la hipersexualización de sus cuerpos», se reseña en la investigación.
La cifra más actualizada de migrantes venezolanos en el mundo da cuenta de que, de los seis millones que ya alcanzó, al menos el 34,84% son mujeres y 18,81% son niñas. Todas corren mayor riesgo de ser víctimas de trata u otras maneras de explotación sexual tras el cierre de las fronteras que ha exacerbado sus vulnerabilidades en su lugar de origen, durante el tránsito y en el país de destino.
«La pérdida generalizada de ingresos hace a la población venezolana más propensa a caer en las redes de tratantes. A su vez, estas personas se vuelven más intrépidas para escoger y captar a sus víctimas. Las venezolanas mujeres y niñas, migrantes y refugiadas, trabajadoras domésticas o de limpieza, vendedoras, particularmente aquellas en condiciones irregulares y precarias se han convertido en las más vulnerables a la explotación y la trata de personas tanto dentro como fuera del país», destacan en el documento.
Ante esta problemática, el conjunto de ONG defensoras de los derechos de las mujeres y de la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) instó a los Estados receptores a adoptar medidas de prevención, investigación, sanción y reparación con enfoque de género y diversidad sexual frente a las situaciones de violencia y discriminación por razón de género.
Pidieron también capacitar a los agentes estatales, especialmente a los que están en controles migratorios, sobre la existencia de las obligaciones internacionales de derechos humanos y el respeto de las normas establecidas en múltiples convenios, haciendo énfasis en la atención a mujeres y niñas, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y riesgos específicos que enfrentan.
Para ello será necesario, según explicaron, buscar financiamiento para desarrollar programas de inserción social y empleo dirigido particularmente al perfil migratorio de mujeres y personas LGBT venezolanas, que sufren afectaciones a la salud mental y serias limitaciones a su derecho a la salud por los tratos discriminatorios de las instituciones de los territorios de acogida.
