Hace 12 años que el departamento de La Guajira no tiene la dicha de contar con un senador propio, con alguien que lo defienda en la Cámara Alta del Congreso de la República, y ya es tiempo que vuelva a tenerlo; La Guajira necesita a alguien que la quiera y la proyecte hacia el desarrollo y el progreso, y es por eso que Miller Soto quiere abanderar esa lucha, de la mano de todos los guajiros que al igual que él, quieren una transformación.
¿Quién es Miller Soto?
Miller Soto es un abogado y profesor universitario que nació en Barranquilla un 7 de junio de 1975. Es hijo de los guajiros José Soto Berardinelli e Ivonne Solano Figueroa, y está casado desde 1994 con Rosana Solano Berardinelli, con quien tiene un hijo, Jose William. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Libre de Barranquilla. Es Master en Gestión e Innovación de la Administración Pública; Master en Dirección de la Hacienda Pública; y tiene un Doctorado en Derecho y Economía de la Universidad de Verona, Italia.
Miller ha sido el concejal más joven que ha tenido Barranquilla en toda su historia. Llegó a esa corporación en 1995 con solo 19 años de edad y permaneció en el Concejo durante tres períodos consecutivos. Su experiencia personal, política y profesional, es la evidencia de que las limitaciones físicas no impiden romper barreras.
Una curul útil:
El Senado está compuesto por miembros procedentes de distintas latitudes de nuestra geografía. La distribución de esas curules está mal repartida en la medida en que algunos departamentos eligen varios senadores y otros a ninguno. Hay inequidad. También es poco equitativa la utilidad real que producen muchas curules. Hay senadores que van al Senado a cobrar dietas parlamentarias. La investigación y el trabajo en función del país es precaria.
Ser Senador implica un compromiso superior con los intereses de la Patria. Significa investigar, estudiar, proyectar perspectivas y soluciones de la problemática nacional. Necesitamos menos show mediático y acabar con la función parlamentaria en función de negocios particulares. El Senado debe producir más resultados tangibles para el país.
Estoy a disposición para que me elijan como Senador de la República con la certeza de que seré útil a la Nación y de que gestionaré eficientemente grandes beneficios para cada rincón del país. Seré Senador con profundo sentido del compromiso. Estudiaré y propondré soluciones a los múltiples problemas de la patria. Abordaré con responsabilidad y carácter el ejercicio de control político. Fundamentaré cada decisión como Senador en el interés general y entregaré mi capacidad de trabajo a favor de la construcción de una mejor Colombia.
Discapacidad:
En Colombia, las personas en condición de discapacidad han sido objeto de una multiplicidad de iniciativas tendientes a favorecerles; sin embargo, tales intentos no han logrado tener una política de Estado para este segmento de nuestra población. El Gobierno Duque hizo su intento con la expedición de la Resolución 113 de 31 de enero de 2020, ‘Por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad’. Esta iniciativa busca establecer una regularización en la que nos encontramos rezagados. Al analizar la aplicación de dicha Resolución, se evidencian falencias que proponemos subsanar.
Es necesario concretar las responsabilidades de los entes territoriales para la implementación de este RLCPD, la compresión de los criterios para determinar el grado de discapacidad y la fijación de criterios objetivos que eviten exclusiones injustificadas para acceder al procedimiento de la certificación. Así mismo, el Estado está en mora de ofrecer una plataforma normativa para la integración social de las personas en condición de discapacidad con el sistema educativo y con las oportunidades de empleo y emprendimiento que facilite dicha integración. Los niveles de ingreso al mundo de las oportunidades para este segmento vulnerable de la población, están por debajo de la precariedad y requieren la atención urgente del Estado.
Desde el Senado de la República, presentaremos un Proyecto de Ley que corrija las falencias que se evidencian con la aplicación de la Resolución 113 de 2020, de modo tal que podamos garantizar una clara ruta de acceso al Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD, un criterio preciso para la determinación del grado de discapacidad, y un procedimiento estándar que permita a la ciudadanía identificar a las entidades responsables de manera más específica y evitar las demoras injustificadas en materia de atención y resolución.
Adicionalmente, impulsaremos el IVA preferencial para personas en condición de discapacidad sobre productos y servicios asociados a la integración social de este segmento de la población; y promoveremos garantías y derechos materiales para acompañantes (los llamados cuidadores) de personas en condición de discapacidad, que por cuenta de dicha ocupación no tienen posibilidad de generar fuentes de ingresos.
Transparencia:
Abordar el cáncer de la corrupción se ha vuelto recurrente. No obstante, en las ramas del poder público este cáncer hizo metástasis afectando todos los niveles de los órganos y procedimientos del Estado. Algunos estudios estiman que las pérdidas diarias por corrupción son cercanas a mil millones de pesos; otros informes, como recientemente publicó la Contraloría General de la República, calculan dichas pérdidas en cincuenta billones de pesos anuales. Sea cual sea la cifra, queda claro que este es el problema más grave que afecta la misión del Estado, con el agravante que las estrategias implementadas para contrarrestarlo han resultado inútiles.
Desde el Senado de la República, presentaremos iniciativas para fortalecer la transparencia de los procesos contractuales y administrativos a través del uso de las últimas tecnologías de la información, la inteligencia artificial y aplicaciones que faciliten el acceso de la sociedad y las veedurías a dichos procesos. En esta iniciativa impulsaremos la incorporación de mecanismos que establezcan una mayor estandarización de los procedimientos contractuales (mejorando los recientes pliegos tipo para aplicarlos en diversos contextos), de modo que se dificulten las posibilidades de selecciones irregulares.
