La expedición del Decreto 1047 el pasado 14 de agosto de 2024, mediante el cual el Gobierno Nacional prohibió las exportaciones de carbón colombiano a Israel, representa un golpe devastador para el departamento de La Guajira. Esta medida, enmarcada en un contexto geopolítico complejo, tendrá repercusiones profundas en un territorio ya vulnerable, caracterizado por enormes brechas socioeconómicas. La Guajira es el cuarto departamento a nivel nacional con mayor pobreza multidimensional, con una incidencia del 42.6%.
Históricamente, La Guajira ha dependido de la industria del carbón como una de sus principales fuentes de ingresos. Este recurso es un pilar fundamental para su economía, representando actualmente el 45.7% del PIB departamental. En 2023, Cerrejón aportó 10.6 billones de pesos al país en impuestos y regalías, de los cuales 54,000 millones fueron entregados directamente a La Guajira y a los municipios de su área de influencia. Además de generar empleo directo, Cerrejón ha promovido encadenamientos productivos a través de proveedores y contratistas guajiros, sumando 262,000 millones de pesos en inversiones.
La prohibición de exportaciones a Israel no solo afecta directamente a Cerrejón y a las finanzas públicas, sino también a los miles de guajiros que dependen, directa o indirectamente, de esta industria para su sustento. Este decreto, orientado aparentemente a alinear la política exterior de Colombia con principios éticos y de derechos humanos, parece haber ignorado las implicaciones locales en departamentos como La Guajira y Cesar.
En 2023, las exportaciones de La Guajira representaron el 5.85% de las exportaciones nacionales, con el carbón constituyendo el 98.7% de sus ventas al exterior. Hasta mayo de 2024, los principales destinos del carbón guajiro eran China, Turquía e Israel, con un total de 173 millones de dólares exportados a Israel el año pasado. Según la Asociación Nacional de Minería, esta medida podría significar una reducción de aproximadamente 650 mil millones de pesos en impuestos, regalías y contribuciones para el país. Las regiones de La Guajira y Cesar se verían particularmente afectadas, perdiendo más de 100 mil millones de pesos en ingresos.
En un momento en que La Guajira enfrenta desafíos críticos como el acceso al agua potable, la inseguridad alimentaria y la falta de infraestructura básica, medidas como esta solo agravan la situación. La reducción de ingresos para el departamento implicará menos recursos para enfrentar estas crisis, perpetuando el ciclo de pobreza y subdesarrollo.
Es crucial que el gobierno escuche las voces de los guajiros y reevalúe las políticas que impactan directamente en nuestras vidas. Si bien es necesario que Colombia mantenga una postura ética en el escenario internacional, no podemos permitir que esta se adopte a costa del bienestar de los guajiros y cesarenses.
Este también es un llamado urgente para la diversificación de la economía departamental. La inversión en proyectos estratégicos y de impacto debe ser una prioridad para evitar que La Guajira continúe siendo víctima de decisiones tomadas desde la Casa de Nariño y la Cancillería, en el frío centro bogotano.
El Decreto 1047 es un recordatorio de que las políticas nacionales deben diseñarse con una visión integral que considere tanto los efectos globales como los locales. Una vez más, regiones como La Guajira soportan el peso de decisiones desconectadas de su realidad.
