En el corregimiento de Carraipía, zona rural del municipio de Maicao, la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Cesar y La Guajira realizó asambleas de cierre de caracterización de afectaciones con las comunidades Wayúu de Ishapá y Atnamana-Monteverde.
Estas adelantan dos procesos de restitución de derechos étnico-territoriales y, tras estos encuentros, se validaron las pretensiones de las demandas, que solicitarán más de 470 hectáreas.
Bajo un contexto de conflicto armado, hace más de dos décadas, el paramilitarismo sembró terror en ambas comunidades indígenas, obligadas en parte al abandono forzoso de sus territorios y, bajo las mismas circunstancias, al confinamiento, en un tiempo en el que se agudizaron las acciones violentas por parte de los grupos ilegales, con el objetivo de controlar la zona.
Estas condiciones propiciaron el asesinato de diez personas en Atnamana-Monteverde y de cuatro más en Ishapá, crímenes perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entre 2002 y 2003. Esta situación provocó la retirada masiva de las familias hacia centros poblados del departamento de La Guajira, e incluso hacia el estado Zulia en Venezuela.
Veinte años después, 95 familias de Atnamana y 71 de Ishapá han retornado progresivamente a sus territorios: algunas con temor y otras confiadas en el proceso adelantado con la Unidad. Esta labor, iniciada en 2022, logra un avance importante dos años después, gracias a la gestión realizada por el equipo de Asuntos Étnicos, a partir de las orientaciones dadas por la directora territorial de la URT en Cesar y La Guajira, Astrid Navarro Rodríguez.
“En Ishapá y Atnamana se sintió el efecto del conflicto armado y se vulneraron todos los derechos del pueblo Wayúu. Se atentó contra la vida e integridad de este pueblo, que se vio forzado a abandonar el territorio, incluso a buscar seguridad fuera del país. Ante estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales de más de 1.000 personas, hemos procurado sumar esfuerzos para garantizar la restitución integral, tarea en la que no desmayamos”, indicó Navarro.
La directora territorial agregó que, una vez finalizada la etapa administrativa con la adopción del Informe de Caracterización y la inscripción de los procesos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, el equipo jurídico de la DAE presentará las demandas ante los jueces, a quienes le corresponderá analizar, admitir (si procede), instruir y fallar ambos casos en desarrollo de la denominada ruta colectiva, con base en el Decreto Ley 4633 de 2011.
