Por: Juan Loreto Gómez Soto
El arroz es un cultivo clave en La Guajira, en el 2022 ocupó más de 1.200 hectáreas sembradas y cosechadas, ubicándose entre los 10 productos con mayor área cultivada en el departamento. Con un rendimiento de 6,8 toneladas por hectárea, es el quinto producto más productivo de la región. Su cultivo es una tradición y una necesidad, pero hoy los productores guajiros enfrentan una crisis que amenaza con llevarlos a la quiebra. Mientras trabajan de sol a sol, las cifras simplemente no cuadran: por cada tonelada de arroz cosechada, los arroceros pierden 300 mil pesos.
La razón es clara. El arroz paddy empaquetado y verde ha sufrido una caída en sus precios, afectando la rentabilidad del negocio. A esto se suma la competencia desigual generada por el arroz importado de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el contrabando que ingresa desde Ecuador, debilitando aún más a los productores locales. Con sus tierras adecuadas exclusivamente para el cultivo de arroz, cambiar de actividad no es una opción viable. La única salida que ven es exigir al gobierno precios justos y apoyo efectivo.
Mientras los arroceros buscan una solución a esta crisis, el mercado internacional ofrece una oportunidad que sigue sin ser aprovechada. Las Antillas, a la vuelta de la esquina, con su proximidad a La Guajira, podrían convertirse en compradores estratégicos. La cercanía geográfica permitiría reducir costos de transporte y consolidar relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. Sin embargo, la falta de una política de exportación clara ha impedido que esta posibilidad se convierta en una realidad.
Venezuela, por su parte, ha sido un mercado natural para el arroz colombiano, pero las exportaciones hacia ese país se han visto limitadas por la falta de acuerdos comerciales sólidos. Si bien los arroceros buscan reactivar esta ruta, el gobierno debe garantizar condiciones que hagan viable este comercio, asegurando pagos justos y estabilidad para los productores.
Además, otros mercados en el Caribe pueden representar oportunidades para los arroceros guajiros. República Dominicana, por ejemplo, importó $24,1 millones en arroz en 2023, principalmente de Estados Unidos ($22M) y Uruguay ($707k). Explorar este mercado podría abrir una nueva vía de comercialización para el arroz guajiro, aprovechando la cercanía y reduciendo costos logísticos en comparación con proveedores más lejanos.
En conversaciones con José Ramón Molina, miembro del comité arrocero de La Guajira y Cesar, surgió una propuesta clave para transformar la producción de arroz en el departamento: la obtención de una Denominación de Origen. Al igual que ha sucedido con el café colombiano, este reconocimiento permitiría posicionar el arroz guajiro como un producto premium, resaltando sus características únicas y diferenciándolo en los mercados nacional e internacional.
La Denominación de Origen no solo garantizaría calidad y autenticidad, sino que también abriría puertas a mejores precios y a una comercialización más estructurada. Este sería un paso clave para que los productores dejen de vender a pérdida y puedan negociar en condiciones justas.
Es hora de actuar, el arroz guajiro está en una encrucijada. Si se mantiene el actual modelo de comercialización, muchos productores no podrán sostenerse y abandonarán un cultivo que ha sido parte fundamental de la economía local. Pero si se toman decisiones estratégicas, como impulsar su exportación a mercados cercanos y proteger su producción con una Denominación de Origen, este producto podría convertirse en un motor de desarrollo para La Guajira.
Los arroceros del país han presentado un pliego de peticiones que deben ser atendidas con urgencia para garantizar la sostenibilidad del sector. Entre sus principales demandas se encuentra el acceso a líneas de crédito con tasas preferenciales, que les permitan invertir sin incurrir en un endeudamiento insostenible. Asimismo, solicitan protección frente a los tratados de libre comercio mediante la aplicación de salvaguardias comerciales que prevengan la competencia desleal derivada de las importaciones. La revisión de los precios del arroz es otra de sus exigencias, con el objetivo de asegurar valores justos y sostenibles para los productores.
Además, plantean la necesidad de ajustar la tasa por uso del agua, ya que los costos actuales representan una carga excesiva para el sector. Finalmente, demandan la implementación de medidas efectivas contra el contrabando, que afecta gravemente la comercialización del arroz nacional y pone en riesgo la estabilidad de los productores.
Los arroceros ya han señalado sus necesidades: precios justos, freno al contrabando, acceso a mercados internacionales y un sello de calidad que los distinga. Ahora, la pregunta es: ¿será el gobierno capaz de escuchar y actuar antes de que sea demasiado tarde?
Representante a la Cámara de La Guajira.
