Como lo requiere la validacion que me ha otorgado el pueblo, debo reaccionar con responsabilidad, porque mientras algunos dudan o ironizan, miles de familias wayuu siguen esperando soluciones reales. En La Guajira no hay espacio para la burla ni para la indiferencia, lo que hay es una deuda que exige decisiones valientes, no comentarios ligeros.
Frente a ciertas apreciaciones, les aclaro que esta propuesta no es producto del capricho, sino del compromiso. El Proyecto de Ley 388 de 2024 Cámara, “Por la cual se establece un mecanismo de financiación para el mantenimiento de sistemas de agua potable en comunidades indígenas de Maicao, Uribia y Manaure”, fue diseñado con rigor técnico, sustento jurídico y sobre todo, con conocimiento de nuestra realidad. Es una apuesta seria por resolver una de las necesidades más urgentes de nuestro pueblo: el acceso sostenible al agua potable.
Este proyecto no nace de la improvisación, es la respuesta a un problema estructural que ha sido ignorado por años y que ha cobrado vidas. Su objetivo es claro: asignar el 25 % del impuesto al ingreso de mercancías —recaudado en la Zona de Régimen Aduanero Especial— al sostenimiento de sistemas de tratamiento y disposición de agua potable en comunidades indígenas que hoy dependen de promesas incumplidas y soluciones parciales.
Durante la elaboración de esta iniciativa, realizamos reuniones con líderes comunitarios, analizamos la operatividad de la Zona Aduanera, y radicamos derechos de petición ante el Ministerio de Hacienda, la DIAN y Pensoport. No se trató de una ley de escritorio: se trata de una propuesta construida con participación ciudadana, evidencia técnica y responsabilidad fiscal.
Además, es importante recordar que el Decreto 1688 de 2020 menciona que son los municipios y distritos los responsables del acceso al agua potable. Así que la pregunta no es si este proyecto debería existir, sino por qué no se hizo antes. ¿Por qué se dejó que los sistemas colapsaran? ¿Por qué se aceptó la precariedad como normalidad?
Para entender por qué este proyecto es impostergable, basta con revisar el historial de fracasos institucionales. Entre 2016 y 2017, el Gobierno Nacional, junto con el Departamento de Prosperidad Social, invirtió más de 14.400 millones de pesos en la construcción de 29 pozos profundos, con tecnología moderna, energía solar y capacitación comunitaria. ¿Dónde están hoy esos pozos? Abandonados e inservibles, porque una vez inaugurados, nadie se ocupó de su mantenimiento, los municipios no asumieron su responsabilidad ni crearon un modelo de sostenibilidad.
A esto se sumó el programa Guajira Azul, diseñado para responder a la Sentencia T-302 de 2017, que reconoció la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las comunidades wayuu. Se prometieron 24 pilas públicas y en 2022 apenas cinco estaban operativas. El resto fue una promesa fallida. El abastecimiento de agua a través de carrotanques —sí, los mismos de la UNGRD— terminó siendo una solución costosa, frágil y corruptible. Es indignante que en pleno siglo XXI se pretenda administrar un derecho humano como si fuera una dádiva.
Estas importantes inversiones para el acceso al agua potable fueron condenadas al abandono por la falta de mantenimiento. Las comunidades no tenían cómo cubrir los costos operativos y las alcaldías alegaron no contar con recursos, mientras la Nación se amparó en que la responsabilidad era local. Esta cadena de omisiones convirtió soluciones técnicas en promesas incumplidas. Por eso, hoy es imperativo aprovechar el potencial fiscal de la Zona de Régimen Aduanero Especial y destinar una parte del impuesto al ingreso de mercancías al sostenimiento de estos sistemas. No se trata de pedir más, sino de administrar con sensatez lo que ya existe.
Entonces, ¿acaso es más importante la atomización de los recursos del FONDEG que establecer una destinación específica que garantice el derecho más básico de todos: el acceso al agua? ¿Más cómodo seguir manejando esos recursos sin control, que asumir la responsabilidad de cuidar lo que realmente importa? Si esa es la verdadera molestia, entonces lo que incomoda no es el proyecto: es que ya no sea para mecatearsela en ¨cositas¨.
Los municipios de la Zona Especial Aduanera hacen parte de los accionados en la Sentencia T-302 que tienen una obligación clara y vigente: garantizar el acceso al agua. No cumplirla, no solo los pone en falta jurídica, sino en falta moral con su pueblo.
Y al exalcalde que no sabe si reír o llorar, un cordial saludo y que recuerde que, durante 4 años de un mal gobierno anterior, Maicao lloró desconsolado.
La Guajira y en especial Maicao necesita reactivar su economía, y por eso he defendido el retiro de las restricciones que asfixian su zona comercial. He exigido inversión en infraestructura vial, conectividad, seguridad y desarrollo portuario, pero rechazar este proyecto alegando que afectará el recaudo es una contradicción flagrante. Hoy, ese recaudo ronda los 1.000 millones de pesos anuales. ¿Cuánto se necesita para mantener los pozos en funcionamiento? Aproximadamente 290 millones. Y si el recaudo mejora, como lo ha hecho en años anteriores —1.600 millones a septiembre 2022, 2.700 millones en 2021—, tendremos más margen para actuar. Lo que se necesita es gestión responsable, no alarmismo infundado.
Este proyecto no compite con el desarrollo económico: lo complementa y lo sustenta. Porque un territorio que no puede garantizar el agua a sus habitantes es un territorio inviable. Quien afirme lo contrario, desconoce la realidad del pueblo guajiro o elige ignorarla.
Así mismo no pretende resolver todos los problemas, pero sí busca marcar una diferencia concreta. No excluye ni divide, por el contrario; propone, articula y construye, en especial responde con hechos donde otros han fallado con las palabras.
PD: Si vamos a legislar por La Guajira, hagámoslo con visión. Si vamos a debatir, que sea con argumentos. Y si vamos a servir, que sea con la dignidad que merece nuestro pueblo.
