Este proyecto de ley nace desde el corazón de la educación. Su origen no fue un escritorio en Bogotá, sino en la Alta Guajira, durante mi visita al Internado Indígena de Nazareth, corregimiento de Uribia. Allí, reunido con su rectora, la hermana terciaria capuchina María Cristina Buenos, escuché de primera mano las barreras que enfrentan los estudiantes wayuu al momento de presentar las Pruebas Saber.
En palabras de la hermana, estos niños y jóvenes no solo enfrentan condiciones geográficas adversas, sino que deben responder exámenes nacionales que desconocen su lengua, sus formas de aprender y su contexto sociocultural. ¿El resultado? Bajos puntajes y menos acceso a la educación superior. Fue allí donde entendí que el país necesita una educación que reconozca y valore más nuestras raíces.
Por eso, impulsamos con decisión el Proyecto de Ley 389 de 2024, ya aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara. Esta iniciativa, construida junto a la profesora Carlina Milena Sapuana, propone ajustar las evaluaciones de calidad educativa únicamente para los estudiantes de instituciones etnoeducativas, de manera que respondan a las particularidades de sus proyectos pedagógicos propios. No se trata de disminuir exigencias, sino de que las pruebas evalúen lo que realmente se enseña en estos colegios, conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación, el desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), los Estándares Básicos de Competencia (EBC), los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y con pertinencia territorial, lingüística y cultural.
Colombia lleva años hablando de ser un país pluriétnico y multicultural. Incluso el Estado avala instituciones etnoeducativas con proyectos pedagógicos propios, diseñados conforme a los lineamientos culturales de cada comunidad. Pero, al llegar el momento de evaluar, olvida esa diversidad y aplica un modelo único, urbano y centralista. Esta ley permitirá que los saberes ancestrales, la lengua materna, las cosmovisiones indígenas y sus formas de aprendizaje sean respetadas y tenidas en cuenta en los procesos de evaluación educativa. Este no es un favor a las comunidades indígenas, es una obligación constitucional, legal y ética. La Constitución de 1991, la Ley General de Educación y el Convenio 169 de la OIT establecen con claridad que la educación debe adaptarse a los contextos culturales, no imponer una única forma de enseñar y aprender.
Las Pruebas Saber, como están concebidas hoy, son un filtro que castiga a los estudiantes de instituciones etnoeducativas por no encajar en estándares ajenos a su realidad. Eso no es evaluación, es exclusión. Además, implementar este cambio no requiere más presupuesto, requiere voluntad política. El ICFES y el Ministerio de Educación pueden desarrollar pruebas diferenciales sin que ello represente una carga fiscal adicional. Lo que sí representa es un cambio de enfoque: dejar de medir con la misma vara.
Este proyecto no es de JuanLo Gómez, es de las comunidades, de los docentes rurales, de los estudiantes indígenas. Esos estudiantes que se enfrentan a una Prueba Saber en desventaja. Esos docentes que hacen su trabajo en condiciones extremas. Esas comunidades que han sostenido la educación en sus territorios a pesar del abandono estatal.
Desde la Alta Guajira, levantamos la voz por un sistema educativo que entienda que educar no es uniformar, sino reconocer y celebrar la diferencia como un valor. Hoy tenemos la oportunidad de avanzar hacia una educación con sentido, coherente con los territorios, las lenguas y las realidades de quienes aprenden. Sigamos impulsando este cambio, y que el desarrollo comience cuando respetemos todas las formas de conocimiento.
