El representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto, en calidad de ponente del Proyecto de Ley 399 de 2024 Cámara – 259 de 2024 Senado, presentó una solicitud formal a la Mesa Directiva del Senado de la República para que dicho proyecto sea incluido con prelación en el orden del día de la próxima plenaria, conforme al mensaje de urgencia emitido por el Gobierno Nacional.
La iniciativa legislativa tiene como propósito establecer un marco legal que permita el salvamento, la capitalización y la reactivación empresarial de la empresa Salinas Marítimas de Manaure – SAMA LTDA, sociedad de economía mixta del orden territorial, que históricamente ha sido fundamental para el desarrollo económico y social del municipio de Manaure y las comunidades indígenas Wayuu.
“Solicité esta prelación porque estamos en la recta final de la legislatura y este proyecto, que ya fue aprobado en Cámara, requiere con urgencia su discusión y votación final en el Senado. La reactivación de SAMA no puede seguir esperando”, expresó el representante Gómez Soto.
El proyecto, respaldado por 93 congresistas y radicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, surgió tras la declaratoria de inexequibilidad del decreto de emergencia económica para La Guajira, lo que dejó sin sustento jurídico las medidas de salvamento previstas para SAMA.
La ley busca habilitar mecanismos como la capitalización de pasivos, la reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006, y pactos de deuda sostenible, que permitirían a SAMA recuperar su actividad productiva sin destinar los recursos estatales al pago de pasivos, como exige actualmente la Ley 550 de 1999.
Además, la norma facultaría al Gobierno Nacional para capitalizar la empresa, mediante aportes en dinero o especie, fortaleciendo así su patrimonio y permitiendo su proyección como unidad productiva estratégica y fuente de empleo.
El proyecto ya fue aprobado en las Comisiones Cuartas Conjuntas y en la plenaria de la Cámara de Representantes, por lo que solo resta su discusión y votación en plenaria del Senado antes del cierre de la legislatura el próximo 20 de junio.
“Este proyecto no solo representa un instrumento jurídico. Es una herramienta concreta para proteger el patrimonio público, fortalecer la economía regional y garantizar bienestar a las comunidades que dependen de esta empresa”, puntualizó el representante guajiro.
