La Segunda Jornada de Servicios Públicos y Derechos Humanos se llevó a cabo este miércoles en Riohacha, La Guajira, epicentro del proyecto de transmisión Colectora. El evento fue un espacio institucional, pedagógico y participativo creado para reflexionar sobre la garantía efectiva de los derechos fundamentales a través del acceso a servicios públicos domiciliarios.
Esta iniciativa del Grupo Energía Bogotá (GEB), con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, tuvo su primera edición en Bogotá y busca recorrer distintas regiones del país, consolidando un diálogo amplio, informado y con participación ciudadana sobre los desafíos estructurales del sistema de servicios públicos en Colombia.
“Estos eventos tocan lo que hace el Grupo y la influencia directa que tiene en La Guajira, en la medida en que es uno de los polos de desarrollo más importantes en temas energéticos.
Estas jornadas nacen de la convicción y el entendimiento profundo de que los desafíos del sector son parte importante de los temas que deben discutirse y el de la energía en particular tiene puntos muy relevantes, en el entendido de que estamos en medio de lo que se ha denominado transición energética, calentamiento global y seguridad energética y todo lo que esto implica en el contexto de respeto por los derechos de las comunidades”, explicó Néstor Fagua, vicepresidente Jurídico del Grupo Energía Bogotá.
En esta jornada, los profesores Andrée Viana, de la Universidad de los Andes, y Mauricio Rueda, docente de la Universidad del Rosario, presentaron análisis fundamentales sobre el marco normativo y los avances en derechos humanos vinculados al acceso a servicios públicos domiciliarios.
En este sentido, Viana abordó los asuntos jurisprudenciales del derecho a la consulta previa en Colombia, destacando que: “si la consulta previa es un diálogo en el que las partes buscan una ponderación entre soluciones que equilibren los derechos de todos, como lo dijo la Corte en sus primeras sentencias, entonces el objeto mismo de la consulta previa puede entenderse como la construcción de un interés general en el caso concreto”.
Por su parte, Mauricio Rueda centró su intervención en el Acuerdo de Escazú y su impacto en la gestión ambiental, particularmente en los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en estos temas. En su análisis, hizo un llamado a fortalecer lo que ya existe antes que multiplicar mecanismos sin articulación.
“La participación ciudadana es fundamental, pero no debe confundirse con la creación desordenada de nuevos mecanismos. La proliferación de instrumentos no garantiza mejores resultados. Lo que sí ofrece verdaderas garantías es fortalecer los canales existentes, como la consulta previa, y hacer prevalecer el criterio técnico, que es el que permite tomar decisiones responsables, sostenibles y con equidad”, advirtió Rueda.
La jornada también incluyó un espacio de conversatorio abierto, en el que representantes de organizaciones sociales, expertos y ciudadanos de la región intercambiaron ideas y propuestas para fortalecer la prestación de los servicios públicos desde un enfoque de derechos humanos y participación.
“La tarea de recorrer el territorio, explicar el proyecto y hacer acuerdos de consulta previa requirió mucho tiempo, pero también permitió conocer el territorio y entender su cultura.
Hoy podemos decir que aprendimos mucho, en parte gracias a personas que están con nosotros y que son de origen wayúu. Esta experiencia nos permite demostrar que sí se pueden hacer proyectos en La Guajira, que sí se pueden desarrollar cosas concertadas con la comunidad, que sí se pueden construir relaciones de confianza y eso nos enorgullece enormemente”, expresó frente a los asistentes Fredy Zuleta, gerente general de Enlaza, filial de transmisión del GEB.
Las Jornadas de Servicios Públicos y Derechos Humanos, que continuarán desarrollándose en distintas regiones del país, consolidan un espacio institucional, pedagógico y participativo, en el que se reconoce que el acceso a servicios públicos no es solo un componente técnico, sino un derecho fundamental que debe ser protegido, promovido y garantizado de forma efectiva.
Acción de tutela por el derecho a la energía
La Segunda Jornada sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos tuvo lugar en un momento clave, en el que el Consejo de Estado admitió una acción de tutela interpuesta por once ciudadanos contra el presidente de la República y entidades del Gobierno nacional, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, Hacienda, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), reclamando el amparo de derechos fundamentales afectados por las fallas estructurales en el sistema energético colombiano.
La tutela, presentada por personas de distintos sectores sociales, amas de casa, empresarios, periodistas y trabajadores, exige que se declare un estado de cosas inconstitucional ante el riesgo de desabastecimiento energético, lo que pondría en peligro múltiples dimensiones del bienestar y la dignidad humana.
El Consejo de Estado también decidió vincular a esta acción a entidades como el DNP, el DAPRE, la ANLA, así como empresas del sector energético entre las que se encuentran Afinia, EPM, Enel Colombia y el Grupo Energía Bogotá, reconociendo que la garantía del acceso a la energía requiere una acción coordinada, técnica y con enfoque en derechos humanos.
