El 20 de julio radicaré un proyecto de ley con un propósito muy claro. En este, quiero que las comunidades afrocolombianas cuenten con una asignación especial dentro del Sistema General de Participaciones, que les garantice recursos estables para financiar su desarrollo social, económico y cultural.
Esta propuesta no es un favor ni una carga para nadie, no se trata de quitarle a un territorio para dárselo a otro. Es, más bien, una herramienta para que todos los municipios, departamentos y distritos puedan cumplir mejor su misión de atender a la población afrocolombiana con los recursos que realmente necesitan.
Hoy el Sistema General de Participaciones es la principal fuente de financiación de los servicios básicos en municipios y departamentos. La Nación transfiere estos recursos para cubrir educación, salud, agua potable y otros programas esenciales. Este sistema ya incluye asignaciones especiales, como las destinadas a los resguardos indígenas, a la alimentación escolar o al pago de pensiones territoriales (FONPET).
Actualmente, los resguardos indígenas reciben un porcentaje fijo del SGP que se descuenta antes de repartir los recursos entre municipios y departamentos. Esa medida asegura que su financiamiento no dependa de decisiones políticas ni de negociaciones anuales. Mientras tanto, las comunidades afrocolombianas siguen dependiendo de asignaciones que muchas veces son insuficientes, dispersas y vulnerables a la discrecionalidad.
Mi propuesta consiste en incluir a las comunidades afrocolombianas en este esquema, con un porcentaje fijo del 0.5 por ciento del SGP. Estos recursos llegarán directamente a sus territorios colectivos y se ejecutarán a través de contratos de administración celebrados entre los municipios y los consejos comunitarios con titulación colectiva. Este modelo permitirá que cada comunidad decida sus prioridades, defina sus proyectos y preserve su cultura sin tener que suplicar apoyos que deberían ser un derecho garantizado.
Quiero ser muy claro, esta asignación no es un obstáculo para los alcaldes, ni para los gobernadores. Será, por el contrario, una ayuda concreta para que puedan atender de manera efectiva las necesidades de su población afrocolombiana. Hoy muchos alcaldes y gobernadores enfrentan presupuestos limitados y obligaciones crecientes, donde tienen la responsabilidad de atender poblaciones diversas con recursos escasos. La medida que propongo no les quitará libertad ni autonomía, por el contrario, les entregará una herramienta para planear mejor, para coordinarse con los consejos comunitarios y para responder de manera efectiva a sus comunidades afrocolombianas. Así, tendrán un recurso garantizado y orientado a proyectos de inversión que mejoren la infraestructura, la educación, la salud, el desarrollo económico, la protección cultural.
Sé que existe preocupación por cada nueva asignación que se descuenta del SGP. Entiendo esos temores y estoy dispuesto a dar el debate con argumentos. La autonomía territorial no se garantiza dejando solos a los mandatarios locales ante la realidad de las desigualdades, se fortalece asegurando recursos suficientes con reglas claras que permitan atender a todos de forma equitativa y eso, es lo que busca este proyecto.
Antes de radicarlo, convocaré una audiencia pública amplia y participativa. Quiero escuchar a los consejos comunitarios, a las autoridades locales, a los expertos en finanzas públicas y a las organizaciones sociales. Mi compromiso es construir una propuesta sólida, legítima y consensuada que sirva de verdad al país.
El 20 de julio daré este paso con la convicción de que Colombia necesita reconocer y apoyar su diversidad. Este proyecto no divide ni enfrenta a los territorios. Al contrario, les da más herramientas para trabajar juntos por el bienestar de toda su gente. Estoy listo para el debate y para la construcción colectiva. Creo en un país donde cada territorio tenga los recursos necesarios para garantizar una vida digna para todos sus habitantes. ¡Abramos esta puerta!
