La URT Cesar-La Guajira, radicó ante el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar la demanda de restitución de derechos territoriales en favor del Resguardo Indígena Provincial, comunidad del pueblo Wayuu asentada en zona rural de Barrancas, La Guajira. La acción judicial representa un paso dentro de la ruta étnica de restitución y busca el restablecimiento integral de los derechos colectivos de 1.034 personas pertenecientes a 303 familias, organizadas en ocho sectores del territorio.
La demanda es el resultado de un amplio proceso administrativo liderado por el director territorial de URT Cesar-La Guajira, Sergio Murillo Clavijo y adelantado por la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE), que incluyó el estudio preliminar, la focalización, la caracterización de afectaciones territoriales, y la inscripción del territorio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), conforme a lo establecido en el Decreto Ley 4633 de 2011.
Durante la fase de caracterización la URT documentó graves afectaciones derivadas del conflicto armado. Entre ellas se identificaron homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, desapariciones, confinamiento, restricciones a la movilidad, despojo territorial, extorsiones y limitaciones para desarrollar actividades tradicionales como el pastoreo, la agricultura y el aprovechamiento de los recursos naturales, hechos que alteraron la vida colectiva del resguardo y comprometieron la permanencia del pueblo Wayuu en el resguardo.
Se estableció que, a partir de 2001, la presencia y el tránsito de grupos armados ilegales intensificaron el confinamiento de la comunidad, especialmente después de los hechos violentos registrados contra integrantes de estas familias del resguardo.
El territorio cuya restitución se solicita comprende 528 hectáreas y 1.712 metros cuadrados, espacio que para el pueblo Wayuu representa mucho más que un bien material: constituye la base de su organización social, su gobierno propio, sus prácticas culturales, espirituales y económicas, así como la garantía de su pervivencia como sujeto colectivo de especial protección constitucional.
_”Esta demanda representa el resultado de un trabajo serio, participativo y técnicamente sustentado que desarrolló la Dirección Territorial Cesar-La Guajira junto con la Dirección de Asuntos Étnicos. Hoy llevamos ante la justicia especializada una solicitud integral para proteger los derechos territoriales del pueblo Wayuu y avanzar hacia una reparación que contribuya a garantizar su permanencia física, cultural y espiritual en el territorio ancestral”,_ afirmó el director territorial de la URT Cesar-La Guajira, Sergio Murillo Clavijo.
El directivo explicó que la actuación judicial no se limita a la restitución material del territorio. Señaló que las pretensiones presentadas ante el juez especializado incorporan un conjunto de medidas orientadas a reparar integralmente las afectaciones colectivas sufridas por la comunidad y fortalecer sus condiciones de autonomía, gobierno propio y protección cultural, ambiental y social.
En ese sentido, la demanda solicita al despacho judicial ordenar acciones dirigidas a la protección jurídica del territorio colectivo; la recuperación ambiental de las áreas afectadas; el fortalecimiento de la seguridad alimentaria; la implementación de un modelo intercultural de salud para la comunidad; medidas diferenciales para niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas mayores; la preservación de los sitios sagrados y del patrimonio cultural; así como garantías para el ejercicio efectivo de las autoridades tradicionales.
_”El territorio para los pueblos indígenas es identidad, memoria, gobierno propio y proyecto de vida. Por eso seguiremos acompañando a las comunidades étnicas del Cesar y La Guajira con procesos rigurosos, respetuosos de sus formas organizativas y orientados a garantizar una reparación integral que fortalezca sus derechos colectivos y su autonomía”,_ concluyó Murillo Clavijo.
Con esta nueva demanda, la Dirección Territorial Cesar-La Guajira continúa consolidando dignamente la implementación de la ruta étnica de restitución de derechos territoriales, reafirmando el compromiso institucional de la Unidad de Restitución de Tierras con la reparación integral de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y con la protección de su territorio como elemento esencial para su existencia, identidad y continuidad cultural.
